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Valores

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA Y CONDUCTA A QUE DEBEN SUJETARSE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS.

 

Artículo 1. El presente Acuerdo es de observancia general y obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

Artículo 4. Los principios que rigen el servicio público y que deberán tener presente los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, son los siguientes:

Eficiencia.- Este principio se encuentra enfocado a la inclinación de desempeñar su trabajo con calidad y con un alto nivel de responsabilidad en sus funciones, lo cual se ve reflejado en la alta productividad y resultados alcanzados.

Eficacia.- Este principio describe el grado en que una persona u organización alcanzan un objetivo o meta, con independencia del modo y la cantidad de recursos empleados, representa la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo determinado.

Economía.- Representa la correcta distribución y administración de los recursos con que se cuenta, a fin de llevar a cabo las acciones programadas para el logro de las metas y objetivos, asimismo, implica que el servidor público haga un uso responsable de los recursos públicos, evitando cualquier desperdicio en su aplicación.

Transparencia.- Es un principio esencial del trabajo en la Administración Pública y representa la abolición de la discrecionalidad que propicia los arreglos al margen de los ordenamientos oficiales, por lo que, su cumplimiento consiste, entre otras cosas, en brindar información al ciudadano sobre cada una de las etapas que tiene cada trámite o procedimiento, misma que debe encontrarse al alcance de la sociedad y su difusión será obligatoria.

Honradez.- Implica que el servidor público no utilice su cargo para obtener algún provecho, ventaja personal o a favor de terceros, evitando en todo momento recibir o aceptar compensaciones o prestaciones diferentes a las emanadas de sus correspondientes emolumentos y que puedan comprometer su desempeño como servidor público.

Lealtad.- Implica para el servidor público corresponder a una obligación que se tiene con los demás. Es el trabajar no solo por un sueldo, sino por el compromiso profundo con el servicio público y con la sociedad misma.

Legalidad.- Este principio obliga a que los actos de los servidores públicos guarden armonía con la Ley, a través del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, por lo que, cuando un acto se haya iniciado o esté cometiéndose al margen de la Ley, tenemos la obligación de reencauzarlo o conciliarlo de forma legal.

Ética.- Este principio tiene como objeto que los actos que el ser humano se realicen de modo consciente y libre (es decir, aquellos actos sobre los que ejerce de algún modo un control racional). No se limita sólo a ver cómo se realizan esos actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos, que permite determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo.

Imparcialidad.- El cumplimiento de este principio implica que el servidor público actúe sin conceder preferencias o privilegios indebidos a cualquier persona u organización, ejerciendo sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir cualquier influencia externa, rechazando con firmeza cualquier intento de presión jerárquica, política, amistad o recomendación.

Bien común.- Su cumplimiento conlleva a que todas las decisiones y acciones del servidor público se encuentren dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad, dejando de lado aquellos intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los morelenses y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales.

Integridad.- Es una cualidad o estado de conciencia que permite tener presente que el servidor público debe reunir en cada uno de sus actos o decisiones, los valores que son objeto del presente Código, de tal forma que su desempeño sea lo más recto y apegado al derecho y al interés social, teniendo presente en todo momento, que un servidor público íntegro es aquel que actúa con honestidad, proactividad y transparencia. Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad.

Justicia.- Representa la obligación de brindar a cada ciudadano lo que le corresponde de acuerdo al derecho y a las leyes vigentes, sin condicionarlo, discriminarlo, presionarlo e intimidarlo para otorgarle o ejecutar algún trámite o servicio que legítimamente le corresponda y, si acaso hubiese cometido alguna infracción, quedará sujeto al imperio de la Ley.

Rendición de Cuentas.- La observancia del presente principio implica que el servidor público asuma plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetándose a la evaluación de la propia sociedad, lo cual conlleva que realice sus funciones con eficacia y calidad.

Generosidad.- Su cumplimiento se sujeta a que en todo momento el servidor público deberá mostrar una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo a la sociedad y los demás servidores públicos con quienes interactúa, en especial hacia las personas o grupos sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidad diferentes.

Igualdad.- Obliga a los servidores públicos a prestar los servicios que se le han encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, credo, religión o preferencia política, así como a cualquier circunstancia que menoscabe los derechos de los individuos.

Respeto.- Es un valor esencial que nos permite tratar a los ciudadanos sabiendo que son semejantes a nosotros, reconociendo en ellos a personas con dignidad e igualdad de derechos humanos y civiles, independientemente de su condición económica, política o cultural, ya que todo ciudadano merece ser tratado con decoro, cortesía, haciendo prevalecer sus garantías ciudadanas en todo momento y espacio.

Liderazgo.- Cada servidor público, consciente del papel que desempeña dentro de la sociedad, debe proyectar en todo momento una actitud que contribuya al mejoramiento de la imagen de las instituciones de Gobierno, a través de la promoción de los valores y principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente el presente Acuerdo y logrando, de esta manera, que la colectividad tenga en cada servidor público un ejemplo a seguir.

Puntualidad.- Su observancia implica el cuidado y diligencia en la realización a su debido tiempo de sus deberes y compromisos laborales.

Disciplina.- Se refiere a la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano en la puesta en práctica de una actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un bien o fin determinado.

Cortesía.- Se refleja a través de la demostración de un sujeto que manifiesta respeto y atención hacia los demás y se traduce en una expresión de las buenas costumbres o del reconocimiento de las normas sociales que se consideran como correctas o adecuadas.

Calidad.- Significa aportar valor al ciudadano, ofreciendo condiciones de uso del servicio superiores a las que espera recibir; a través de un conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.

Profesionalización.- Se encuentra orientada a eliminar el patrón de la lealtad individual para formalizar la lealtad institucional y su objetivo es que la calidad del quehacer institucional sea garantizada por servidores públicos calificados.

La profesionalización debe ser una constante que permita contribuir a que su misión sea más efectiva, abierta y democrática.

Vocación del servicio.- Representa la inclinación natural o adquirida que debe caracterizar al servidor público, a través de la práctica constante que le permita involucrarse en su trabajo para hacer más y mejor las cosas, para ser más productivo y contribuir al desarrollo de las tares del Gobierno y de la sociedad.

Solidaridad.- Es la actitud que nos permite atender comprensivamente al ciudadano, escuchar sus problemas y actuar para resolverlos como si se tratará de los propios, lo cual, propiciará mejores resultados, ya sea en nuestra área de trabajo o en coordinación con otras Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Participación.- Este concepto debe interpretarse en dos dimensiones: la primera, aquella que nos hace partícipes de eventos, reuniones de capacitación, cursos, actividades sociales y solidarias de nuestro entorno laboral, propiciando siempre el trabajo en equipo para el establecimiento y consecución de metas y, la segunda como nuestra actitud permanente de comunicación y diálogo con los ciudadanos relacionados con nuestro desempeño, para involucrarnos de manera personal u organizada en todas aquellas actividades que potencialicen las acciones públicas o sociales, tendientes a resolver problemas colectivos.

Tolerancia.- Se define como la situación, acción o postura de respeto hacia las posturas u opiniones diversas y hasta contrapuestas, aprendiendo a discernir en forma cordial en lo que uno no está de acuerdo.